La II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) señaló que combatirla es una obligación de todos los Estados que integran la comunidad internacional.

La impunidad ha sido definida como la falta de prevención, investigación, juzgamiento, castigo y reparación de las graves violaciones de los derechos humanos.

El Estado debe promover, respetar y garantizar los derechos humanos, e investigar, procesar, juzgar y sancionar a los culpables de violarlos, mediante el debido proceso legal ante un tribunal independiente e imparcial.

Rechazar la impunidad es una obligación impuesta por el derecho internacional, convencional y consuetudinario, al que remiten tanto la Constitución Nacional (artículo 118, referencia al «derecho de gentes»), cuanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 15 inciso 2, que al formular el principio de legalidad remite a «los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional»).

Fuente: "Argentina: Combate a la Impunidad". Buenos Aires, agosto de 2006. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Compilación fue realizada por el Área Jurídica Nacional de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación