Debido a la reapertura de los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, a raíz de la derogación de las leyes de impunidad, resulta necesario el desarrollo de estrategias de protección integral de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en contextos de acceso a la justicia.

Fuente: "Argentina: Combate a la Impunidad". Buenos Aires, agosto de 2006. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Desde el momento en que se conoció la desaparición del testigo Jorge Julio López y la condena de Miguel Osvaldo Etchecolatz, se generó una campaña psicológica de amenazas anónimas y otras acciones intimidatorias contra magistrados y funcionarios judiciales, fiscales, abogados, periodistas, querellantes y testigos de los juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura.

Esto produjo efectos de reactualización del terror en los afectados directos y en el conjunto de la población. Para articular políticas públicas de asistencia y contención a los afectados en el marco de la política reparatoria del Estado a las violaciones de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos decidió implementar el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado.

La Secretaría de Derechos Humanos creó este Plan Nacional con el objetivo de “unificar criterios, potenciar esfuerzos y dar mayor eficacia al acompañamiento y protección de testigos y querellantes”.

Asimismo, distintos estamentos del Estado también generaron iniciativas para la protección integral de los testigos. Es por ello que decidimos, en el marco de la protección integral a los testigos, desarrollar capacitaciones y jornadas de trabajo con los profesionales de la salud sobre las especificidades que requiere la atención de los testigos en tanto víctimas de los delitos cometidos.