AUTOR: Carlos Alberto Beraldi / Fuente: Profundizando el camino de los derechos humanos, la seguridad democrática y el acceso a la Justicia. GRUPO SAN MARTÍN.
Al realizar el abordaje de la gestión pública de la seguridad se presentan una serie de INTERROGANTES... El primero y más general de ellos es cuál es el MARCO GENERAL dentro del cual se va a plantear el debate. Al hablar de seguridad democrática...
... en PRIMER lugar, se marca el espacio de debate dentro de la gestión de las condiciones para el funcionamiento del Estado de Derecho.
... en SEGUNDO lugar, se pretende asociar la gestión pública de la seguridad con la promoción de la participación ciudadana.
... en TERCER y último lugar, al incluir en el debate la inclusión social se establece como eje la necesidad de pensar una política pública de seguridad no sólo en términos de garantías sino también de la prevención social del delito y la violencia.
En cuanto a lo que constituye un marco conceptual del problema de la seguridad, hay que destacar que el desarrollo teórico que se puede hacer sobre el concepto de seguridad siempre se va a insertar en un modelo político. Tal afirmación se sostiene en 3 IDEAS FUNDAMENTALES...
La PRIMERA IDEA indica que el concepto de la seguridad es una noción que posibilita distintas definiciones. Una de estas definiciones que históricamente se viene dando es el de la seguridad como seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, y que tenía como punto de partida hacer prevalecer un orden público, según los postulados que establece el propio Estado. Sin embargo, este concepto ha ido mutando en las últimas décadas, y hoy manejamos una definición que se denomina seguridad ciudadana, en donde justamente lo que se busca es crear un espacio en el cual pueda haber un desarrollo de las personas en cuanto a sus derechos y sus individualidades (1).
La SEGUNDA IDEA que está dentro de este primer punto es la que se refiere a que la responsabilidad de la seguridad es resorte del poder público, y que éste debe asegurarla tomando como base el modelo de Estado de Derecho.
La TERCERA IDEA pone su centro de atención en el rol de cada individuo, asignándole a éste un papel protagónico.
La SEGUNDA CUESTIÓN que se debe destacar es que el problema de la seguridad impacta directamente sobre la gobernabilidad democrática (2).
La TERCERA y última CUESTIÓN dentro del marco conceptual requiere advertir que como se trata de reformas muy profundas que se necesitan hacer en el sector, hay que partir fundamentalmente de acuerdos políticos con todos los sectores, buscando consensos.
NOTAS:
1 - Comisión interamericana de Derechos Humanos, Año 2009, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser. L/V/II, Documento 57.
2 - “Gobernabilidad, Seguridad y Diplomacia”, Año 2004, Flasco-Chile, en www.resdal.org
"Hay que lograr un gobierno político de la seguridad democrática. MARTA ARRIOLA
Construir un conjunto de valores consensuados que sirvan de base para el desarrollo de políticas públicas sobre las cuales ordenar los sistemas de policía, el servicio de justicia y el sistema penitenciario reconociendo como valor supremo el estricto respeto a los derechos humanos particularmente los derechos de las víctimas.
Para lograr profundizar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, es necesario encarar reformas integrales tanto en la administración de justicia, como en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario.
Control y auditoria de la policía, tanto interna como externamente.
Cárceles respetuosas de los mandatos constitucionales.
Procedimientos judiciales más veloces y que sirvan para construir soluciones.
Participación ciudadana en el Consejo de la Magistratura y los Jury de Enjuiciamiento.
Democratización de la justicia, a partir de la modificación en la selección de los funcionarios del poder judicial.
Descentralización del Poder Judicial. Cambio en las cúpulas, que sean rotativas.
La seguridad debe se abordada desde el sistema de valores.
La seguridad es un concepto íntimamente ligado al de la justicia, se propone un mayor protagonismo de los gobiernos municipales, con mayor interacción con los niveles provinciales y nacionales, a partir de la modificación de la ley de seguridad pública. Ampliar las políticas públicas más allá de la política carcelaria. Generar un observatorio del delito a los efectos de medir científicamente el fenómeno de la violencia social e institucional a los fines de tener datos cierto y claros para la toma de decisiones. Analizar la ejecución de recursos presupuestarios, a los fines de tener una aplicación eficaz y eficiente de los mismos.
“Se deberá profundizar la vocación democrática” CARLOS ROZANSKI
FUENTE: COMISIONES SEGURIDAD HUMANA Y DEMOCRÁTICA "Los retos de la democratización de la justicia." Relatoria Comisiones Grupo San Martín. 17/05/2014, Mar del Plata.
